Resolviendo algunas inquietudes sobre abuso sexual infantil

El pasado mes de marzo en el marco del convenio suscrito entre FASASIC y la fundación FUNDEMAR, se llevó a cabo un conversatorio sobre abuso sexual infantil con la asistencia de más de 80 personas, todas pertenecientes a los equipos académicos y directivos de instituciones educativas, debido a que quedaron muchas preguntas por resolver, utilizamos este espacio para dar respuesta a cada una de ellas. 

Nota: Se han transcrito las preguntas con la mayor fidelidad posible, en algunas se han cambiado su sentido para hacerla más comprensible y/o interpretando la letra (comprendiendo la pregunta) conforme al contexto. 

1. Si hay un presunto acceso carnal abusivo entre un niño de 10 años en contra de su hermano menor, ¿corresponde la remisión al ICBF y a su vez a la Fiscalía General de la Nación? 

Se puede informar a cualquiera de las dos instituciones. Cuando se informa directamente al ICBF (Defensoría de Familia) este inicia el proceso de restablecimiento de derechos y presenta la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. 

En los lugares donde existe, pueden encontrarse Defensoría y Fiscalía normalmente en el CAIVAS, Centro de Atención Integral de Víctimas de Violencia Sexual. Es importante aclarar que cuando el presunto responsable (quien comete el abuso) es menor de 14 años, no es sometido al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, sino que también se inicia en su favor un proceso de restablecimiento de derechos.

 

2. Esta claro que docentes y directivos son garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero; ¿Qué sucede con el personal de apoyo y aseo?, ¿Qué sucede si es una empresa externa? 

Todos son responsables, incluso a aquellas personas que se contratan a través de cooperativas o otras empresas. 

En primer lugar, en virtud del principio de corresponsabilidad (Artículo 10, Ley 1098 de 2006), donde la familia, como la sociedad y el Estado son garantes de los derechos de los niños(as). 

En segundo lugar, en virtud de la ley 1918 de 2018, todas las personas que trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes deben ser personas idóneas y no representar ningún riesgo para los niños(as). 

 

3. La existencia de normas que prohíben expresiones excesivas de afecto, ¿Violentan la libertad sexual en menores de 14 años? 

Es muy subjetivo determinar que es una expresión excesiva de afecto, es importante realizar esta delimitación, en el ambiente escolar se pueden regular algunas de ellas, como por ejemplo la prohibición relaciones sexuales. Esto debe quedar claro en los manuales de convivencia. 

Ahora, es muy importante que ante la ocurrencia de cualquier conducta prohibida por los manuales de convivencia se garantice el debido proceso y no se vulnere el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad y/o orientación sexual de los niños(as).

 

4. ¿Hasta donde se le puede hablar directamente a los niños de que no deben permitir que alguien los toque, los desnude, los obligue a tener conductas sexuales? 

Hay muchas formas para hablarle a los niños de abuso sexual infantil, estas están delimitadas conforme a su edad. Algunos cuentos infantiles permiten llegar a niños a partir de los 3 o 4 años. 

En general, cuando un niño ya tiene conciencia de su corporalidad, puede comenzar a recibir al menos la idea de que nadie puede tocar su cuerpo, así como del autocuidado. 

Lo principal en la prevención es la formación en autoprotección, en reconocer situaciones de amenaza o peligro, en la diferenciación entre experiencias que implican confianza y  seguridad personal.

 

5. ¿Cuál seria el procedimiento para denunciar a un funcionario de la empresa de aseo, servicios generales, empresa de vigilancia, si son terceros contratados por la empresa y no directamente por la persona jurídica? 

El procedimiento es el mismo, se debe informar a la Defensoría de Familia y/o Fiscalía General de la Nación. 

Por otro lado, si media un contrato con la empresa, se puede solicitar el retiro de quien presta el servicio y debe informarse para que tomen las medidas preventivas e inicien por su cuenta el respectivo proceso disciplinario laboral.

 

6.¿Cuál es el papel de los representantes legales de los niños (o sus acudientes, en el caso de un colegio) en un caso de denuncia por un delito sexual? 

Una institución educativa tiene un deber de garante, no solo porque los niños estudian allí, sino por el deber de corresponsabilidad. Los representantes legales o acudientes también son garantes de los derechos de los niños(as), por lo tanto están obligados a proteger a los niños y a evitar cualquier vulneración a sus derechos, en virtud de ello deberán acudir al llamado de las autoridades y prestar su colaboración para el esclarecimiento de los hechos.

 

7. Si conozco de un caso de delito sexual contra un niño(a), ¿Cómo debo informarle a los padres o acudientes? 

Para informar a los padres es importante contar con la asesoría de un experto, generalmente un psicólogo o trabajador social. Nunca es fácil informar de este hecho, pero lo menor es que la persona que informe sea alguien preparado y con capacidad para generar empatía. 

No existe una única manera correcta de informar, por ello la importancia de alguien con experticia en control y manejo de las emociones.

 

8. ¿Debe denunciarse por escrito o es posible hacerlo vía telefónica?

 

Es posible denunciar por cualquier vía. Ahora, algunos colegios tienen como política interna denunciar por escrito.  Se sugiere denunciar por escrito por dos razones, una para evitar futuras dilaciones y/o tergiversación de la denuncia, y dos; para guardar la memoria histórica de lo ocurrido.

 

9. ¿Por qué se demora tanto un proceso, sabiendo que se trata de menores de edad? 

Las demoras de los procesos obedecen a muchos factores, desde la carencia de personal en muchas entidades públicas, hasta la observación de unas etapas pre procesales que deben agotarse, generalmente la investigación puede tomar algún tiempo. También tiene que ver la congestión de las instituciones públicas. 

La ley 1098 de 2006, en su artículo 193 establece que debe darse prelación a los casos donde los niños son víctimas de delitos.

 

10.¿Cuándo un mayor de edad, funcionario de una institución educativa, inicia una relación sentimental con un estudiante menor de edad, que luego se convierte en egresado, tiene alguna implicación por negligencia para la persona que conoce la situación? 

Depende. Por un lado, se debe ver la relación entre las personas, en la cual es importante determinar cual es la edad del estudiante, si es una persona menor de 14 años, no existe posibilidad de que ejerza su libertad sexual y en cualquier caso debe denunciarse. 

Desde otro punto de vista, es diferente la relación laboral, entre el trabajador y la institución educativa, una relación con un estudiante puede verse como una justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo, caso en el cual debe adelantarse el proceso disciplinario laboral. 

En el caso del funcionario que conoce la situación y no denuncia, debe tenerse en cuenta la edad de la posible víctima y/o si es mayor de 14 años, si el reglamento interno del trabajo o manual de convivencia tienen norma al respecto.

 

11. Si una abuela le cuenta a un docente acerca de la posibilidad que existe abuso sexual de su nieto, y que el agresor es el padre o la madre, la institución ¿debe denunciar y además informar al representante legal del niño? 

Lo primero es denunciar la posible ocurrencia del delito, serán las autoridades las encargadas de determinar la responsabilidad. El silencio va en contra de los derechos de los niños(as). 

No es pacífico el tema de informar a los representantes legales, máxime cuando uno de ellos es el acusado y se tiene sospecha de que el otro es cómplice, en este caso el informe debe dejársele a las autoridades.

 

12. ¿Cómo se puede determinar la responsabilidad de una persona por omisión, ante la ocurrencia de un delito sexual de un menor de edad? 

La omisión de denuncia es un delito. La ley solo exonera al deber de denunciar al cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y civil, o segundo de afinidad. 

Desde el punto de vista penal, existe libertad probatoria, es decir; la fiscalía siempre y cuando actué conforme a la ley podrá determinar por diferentes medios que una persona conociendo o debiendo conocer no informó. En el caso de un docente, debe tener control de los estudiantes que están presentes en sus clases, esto porque tiene posición de garante.

 

13. ¿Qué se debe hacer en caso de que el representante legal de una institución educativa conozca el caso (presunto delito sexual) y no denuncie? 

Se puede denunciar directamente. Así mismo, si existe un superior jerárquico, debe ponerse en conocimiento de este.

 

14. Si una madre (acudiente en el colegio de un alumno(a)) informa de un abuso sexual y manifiesta que ya denuncio los hechos, ¿Qué debe hacer la institución y cual es su responsabilidad? 

Es importante verificar que se ha realizado la denuncia. Ahora; para salvaguardar la responsabilidad de la institución podría dejarse constancia del informe de la madre o representante legal. 

Normalmente, si se ha denunciado, las entidades piden informe a los colegios sobre el rendimiento escolar de la víctima, para verificar la existencia de algún cambio en su comportamiento.

VOCES DE UNA VÍCTIMA Y SU MADRE AL RESPECTO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES. 

FASASIC presentó brevemente el concepto de asistencia jurídica como deber del Estado, dado a que en Colombia, existen entidades que tienen responsabilidades claras al respecto, vale la pena preguntarle a las víctimas si creen que el Estado cumple con su deber, si reciben asistencia jurídica, así como de si se desarrolla plenamente el proceso de restablecimiento de derechos.

Para responder estas preguntas entrevistamos  a un niño víctima y  a su madre de quienes mantendremos protegida su identidad a fin de evitar la revictimización. El niño fue víctima de un acto sexual abusivo por parte de un adulto, cuando ocurrieron los hechos tenia 8 años, en la actualidad tiene 14, su victimario fue condenado a 10 años, luego de al menos 4 años de proceso investigativo y judicial.

  • Preguntas a la víctima.

Pregunta: Luego de los hechos que ocurrieron cuando alguien te  tocó e hizo cosas que no debía en tu cuerpo, ¿fuiste informado alguna vez o te comentaron acerca de las consecuancias legales de este hecho?.

Respuesta: Mis padres me informaron en algunas ocasiones, nadie más.

Pregunta: Cuando te llevaron a exámenes médicos y psicológicos, ¿Comprendías lo que decían los médicos y psicólogos que te hacian preguntas?

Respuesta: No, ellos hablaban más con mi mamá que conmigo, a mi me preguntaban si estaba bien, nada más.

Pregunta: ¿Fuiste alguna vez a un algún lugar a declarar sobre lo que te ocurrió?, ¿Sabes que es un juzgado, has ido a alguno?

Respuesta: Varias veces me tocó contar lo que me paso. Creo que es un lugar donde un juez decide quien es el culpable de un delito, no he ido a alguno.

Pregunta: ¿Por qué sabes que es un Juzgado?

Respuesta: Mi tia es abogada, ella me contó.

Pregunta: ¿Crees que debían contarte a ti todo lo que estaba pasando?

Respuesta: Si claro, mis padres intentaban hablar conmigo pero creo que era dificil para ellos.

  • Preguntas a la madre de la víctima.

Pregunta: Cuando denuncio el delito cometido en contra de su hijo, ¿Cree que recibio toda la información que necesitaba saber sobre el proceso penal y lo que pasaría de ahí en adelante.

Respuesta: De parte del CAIVAS y de bienestar familiar no recibí la asesoría precisa, debido a esto nos toco contratar los servicios de una abogada para que llevará el caso y esa persona se encargó de darnos toda la informacion.

Pregunta: Para usted; ¿La atención brindada en el CAIVAS y el ICBF fue la adecuada?

Respuesta: En el CAIVAS nos iniciaron el proceso y  ahí se empezó las citaciones para que la investigadora encargada del caso llevará a cabo toda la  investigación y recolectar las pruebas. Pero por parte de  bienestar familiar no hubo información ni acompañamiento acerca del suceso. Por lo tanto la atención respecto al ICBF no fue la adecuada

Pregunta:¿Considera que el CAIVAS y el ICBF se preocuparon por el bienestar de su hijo?

Respuesta: En el CAIVAS, si pero el ICBF no, no tuvimos el acompañamiento de esta entidad.

Pregunta:¿Qué aspectos negativos y positivos resalta de todo el proceso?

Respuesta: Negativos que es mucha la demora de este proceso, para  llegar al final se necesita mucho tiempo. Otro aspecto negativo es que sí la víctima no cuenta con recursos para contratar un abogado dicho proceso nunca concluiria porque el defensor que nombra el Estado nunca esta presto para llevar a cabo bien su trabajo.

Y positivo es que gracias a la ayuda de la abogada se pudo dar condena al delincuente. Claro esta que sí las leyes y las penas fueran más fuertes la condena a este tipo de delitos serían mucho mejores y satisfactorias.

Pregunta: Sabe usted, ¿Qué es la asistencia jurídica y recibió por parte del Estado asistencia jurídica durante el proceso penal?

Respuesta: Para mi, la asistencia jurídica es el acompañamiento durante el proceso de un abogado nombrado por el Estado y no recibí esa asistencia jurídica  porque el abogado que nos dieron para el caso no mostró interés por el caso y debido a esto toco conseguir asistencia jurídica por nuestra cuenta.

Pregunta:¿Considera que se respetaron los derechos de su hijo durante todo el proceso?

Respuesta: No. porque hubo mucha demora en el proceso y además el niño fue sometido varias veces a entrevistas ya habiendo dado una declaración de los hechos inicialmente. A demás el tiempo de condena que recibió el sentenciado no fue el que se esperaba, debió haber sido más años de condena.

De lo anterior, podemos ver como el Estado aún se ocupa de manera deficiente de los derechos de las víctimas, especialmente de prestar una adecuada asistencia jurídica, aún cuando es su responsabilidad la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

FASASIC invita a todas las personas a que estudien sus derechos, se asesoren y exijan que se preste una adecuada asistencia jurídica a las víctimas.

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COLOMBIA AÚN SE CONSIDERAN OBJETOS Y NO SUJETOS DE PROTECCIÓN. 

Las últimas noticias a cerca de la violencia contra los niños y niñas del país, nos devuelven hacia la concepción clásica que se tiene de ellos, es decir; se conciben como objetos de protección, propiedad de los adultos y sin capacidad para tomar las decisiones que consideren más adecuadas para ellos o en caso de que su capacidad aún no haya evolucionado  sin la protección necesaria para garantizar su desarrollo sano y armónico. 

Fasasic rechaza las agresiones hacia los niños y las niñas, la violencia contra ellos no se justifica, los padres son quienes deciden libremente traer una nueva vida al mundo, por consiguiente su obligación es de orientación, cuidado, acompañamiento, con responsabilidad y sin violencia física o psicológica. 

Así mismo, la sociedad esta llamada a ser solidaria en el respeto y promoción de los derechos de los niños y las niñas, dar aviso y denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que amenacen o vulneren sus derechos. 

En esta tarea, la familia y la sociedad están acompañadas por el Estado, que esta obligado a garantizar y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas, diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque de infancia y adolescencia, investigar y sancionar los delitos cometidos, así como el restablecimiento de los derechos de estos sujetos de especial protección constitucional. 

Para cumplimiento de lo anterior, es importante generar conciencia en el deber que nos asiste a todos en la garantía de los derechos de los niños y las niñas en Colombia, trabajar en la comprensión de que la minoría de edad no implica incapacidad sino el desarrollo de la capacidad de forma progresiva y que para que esto último sea posible es responsabilidad de los adultos respetar sus derechos, así como contribuir para que el desarrollo de su capacidad no este mediado por intervenciones arbitrarias. 

De igual modo como adultos debemos recordar que todos pasamos por la etapa de la infancia y por lo mismo no podemos ser insensibles ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los niños y las niñas. 

LA ASISTENCIA JURÍDICA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES ES UN DEBER DEL ESTADO. 

Es un deber del Estado Colombiano en virtud del principio de corresponsabilidad establecido en el artículo 10 y 41 de la ley 1098 de 2006, código de la infancia y la adolescencia -CIA-, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su restablecimiento. 

Así mismo, los niños tienen derecho a que se les garantice el acceso a la justicia y al debido proceso, no importa si la actuación es judicial o administrativa, pudiendo ser escuchados y con la obligación de que sus opiniones sean tenidas en cuenta -artículo 26 del CIA-. 

Cuando los menores de 18 años son víctimas de delitos sexuales, tienen igualmente derecho a que se les brinde una información adecuada sobre todo el proceso que se surtirá, la cual debe estar acorde con su edad, no por intermedio de sus padres o sus funcionarios, es decir; que ellos directamente deben recibir la información, bajo la comprensión de que fueron sus derechos, no los de sus familiares, los que fueron vulnerados. 

Pero; ¿qué es la asistencia jurídica?, para definirla acudiremos a la Resolución A 67/458[1] aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Principios y Directrices sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Acorde con la citada resolución, la asistencia jurídica es esencial en un sistema de justicia penal justo, el cual:

comprende el asesoramiento jurídico y la asistencia y representación letrada prende el asesoramiento jurídico y la asistencia y representa­ ción letrada de las personas detenidas, arrestadas o presas, sospechosas o acusadas o inculpadas de un delito penal, y de las víctimas y los testigos en el proceso de justicia penal, prestados de forma gratuita a quienes carecen de medios suficientes o cuando el interés de la justicia así lo exige.

Además, la “asistencia jurídica” abarca los conceptos de capacitación jurídica, acceso a la información jurídica y otros servicios que se prestan a las personas mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procesos de justicia restaurativa.”  

De ahí que resulte adecuado afirmar que el los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos tienen derecho en concreto a la asistencia jurídica, siendo informados de la investigación y el procedimiento penal que se adelantará para la investigación del delito, en la actualidad las entidad que recibe la denuncia  y realiza la investigación es el CAIVAS -Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual -, lugar en el cual se le brinda a la víctima atención psicológica y jurídica  y se coordinan las acciones para que los niños reciban la demás atención que requieran.

En cuanto al restablecimiento de los derechos de los niños, la entidad encargada es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, quien debe tomar las medidas y acciones necesarias para que se disminuyan los efectos negativos del daño causado con el delito y garantizar la protección integral de la víctima.

Así mismo, la representación de las víctimas se hace a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública a cargo de la Defensoria del Pueblo, no en todos los casos se designa defensor de víctimas pues se parte de considerar que el Fiscal cumple también con esta función. Se designa cuando es solicitado expresamente por el Juez o por los familiares de la víctima.

[1] Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-Spanish.pdf, consultada el 23 de Octubre de 2018.

Reglas que deben tener en cuenta los funcionarios judiciales y administrativos para cuando el niño, niña y adolecente, sea víctima de delitos en la legislación Colombiana. 

Entendiendo que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto; se considera que “Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad.” (Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2012, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto) 

Se crearon por la Ley 1098 de 2006, artículo 193, reglas especiales de procedimiento cuando son víctimas de delitos, por lo tanto los funcionarios judiciales deben tener en cuenta no solo los principios constitucionales, sino tambien deben:

  1. Dar prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar en estos casos.
  2. Citar a los padres, representantes legales o a las personas con quienes convivan, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos.
  3. Informar a la Defensoría de Familia, para que tome las medidas de verificación de la garantía de derechos y de restablecimiento a que haya lugar.
  4. Prestar especial atención para que se sancione a los responsables, se de la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos.
  5. Ordenar de oficio o petición de las víctimas, sus padres y/o representantes legales,  Defensor de Familia o d Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar.
  6. Evitar en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral, que no se vulneren sus derechos.
  7. Abstener la autoridad de aplicar el principio de oportunidad, menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
  8. Abstener la autoridad de imponer la condena de ejecución condicional, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
  9. Escuchar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, así como garantízar que se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley.
  10. Velar porque porque sean revictimizados.
  11. Ordenar las autoridades competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de las víctimas y/o testigos de delitos.
  12. Informar y orientar a las víctimas sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.
  13. Abstenerse de decretar la detención domiciliaria, en los casos en que el agresor sea miembro del grupo familiar.
  14. Realizar los testimonios en compañía de autoridad especializada o por un psicólogo.
  15. Evitar las de presiones o intimidaciones cuando la víctima este rindiendo declaración o testimonio.

Así mismo, en los casos en los cuales los niños son víctimas de  homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales o secuestro, (Artículo 199, Ley 1098 de 2006), se siguen especialmente las siguientes reglas: 

  1. No se pueden aplicar medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.
  2. No puede concederse la denominada detención domiciliaria.
  3. No procede la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad.
  4. No procede suspensión condicional de ejecución de la pena.
  5. No procede la libertad condicional.
  6. No procede la sustitución de la ejecución de la pena.
  7. No esta permitida la aplicación de beneficios o subrogados judiciales/administrativos, salvo los de colaboración efectiva. 

Por lo tanto, en caso de que un funcionario judicial desconozca estas reglas podría estar incurrir en el delito de prevaricato, es decir: incumpliendo un mandato establecido en la ley. Para verificar su incumplimiento es necesario tener en cuenta la forma en que se aplican estas reglas,  teniendo en cuenta los derechos los acusados o declarados responsables penalmente,  es decir que; sí la no aplicación de los principios esta cimentada en un hecho diferente al respeto de los derechos  fundamentales del procesado, es inadmisible.

 

FUNDACIÓN APOYO A SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN COLOMBIA - FASASIC © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

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