VOCES DE UNA VÍCTIMA Y SU MADRE AL RESPECTO DE LA ASISTENCIA JURÍDICA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES. 

FASASIC presentó brevemente el concepto de asistencia jurídica como deber del Estado, dado a que en Colombia, existen entidades que tienen responsabilidades claras al respecto, vale la pena preguntarle a las víctimas si creen que el Estado cumple con su deber, si reciben asistencia jurídica, así como de si se desarrolla plenamente el proceso de restablecimiento de derechos.

Para responder estas preguntas entrevistamos  a un niño víctima y  a su madre de quienes mantendremos protegida su identidad a fin de evitar la revictimización. El niño fue víctima de un acto sexual abusivo por parte de un adulto, cuando ocurrieron los hechos tenia 8 años, en la actualidad tiene 14, su victimario fue condenado a 10 años, luego de al menos 4 años de proceso investigativo y judicial.

  • Preguntas a la víctima.

Pregunta: Luego de los hechos que ocurrieron cuando alguien te  tocó e hizo cosas que no debía en tu cuerpo, ¿fuiste informado alguna vez o te comentaron acerca de las consecuancias legales de este hecho?.

Respuesta: Mis padres me informaron en algunas ocasiones, nadie más.

Pregunta: Cuando te llevaron a exámenes médicos y psicológicos, ¿Comprendías lo que decían los médicos y psicólogos que te hacian preguntas?

Respuesta: No, ellos hablaban más con mi mamá que conmigo, a mi me preguntaban si estaba bien, nada más.

Pregunta: ¿Fuiste alguna vez a un algún lugar a declarar sobre lo que te ocurrió?, ¿Sabes que es un juzgado, has ido a alguno?

Respuesta: Varias veces me tocó contar lo que me paso. Creo que es un lugar donde un juez decide quien es el culpable de un delito, no he ido a alguno.

Pregunta: ¿Por qué sabes que es un Juzgado?

Respuesta: Mi tia es abogada, ella me contó.

Pregunta: ¿Crees que debían contarte a ti todo lo que estaba pasando?

Respuesta: Si claro, mis padres intentaban hablar conmigo pero creo que era dificil para ellos.

  • Preguntas a la madre de la víctima.

Pregunta: Cuando denuncio el delito cometido en contra de su hijo, ¿Cree que recibio toda la información que necesitaba saber sobre el proceso penal y lo que pasaría de ahí en adelante.

Respuesta: De parte del CAIVAS y de bienestar familiar no recibí la asesoría precisa, debido a esto nos toco contratar los servicios de una abogada para que llevará el caso y esa persona se encargó de darnos toda la informacion.

Pregunta: Para usted; ¿La atención brindada en el CAIVAS y el ICBF fue la adecuada?

Respuesta: En el CAIVAS nos iniciaron el proceso y  ahí se empezó las citaciones para que la investigadora encargada del caso llevará a cabo toda la  investigación y recolectar las pruebas. Pero por parte de  bienestar familiar no hubo información ni acompañamiento acerca del suceso. Por lo tanto la atención respecto al ICBF no fue la adecuada

Pregunta:¿Considera que el CAIVAS y el ICBF se preocuparon por el bienestar de su hijo?

Respuesta: En el CAIVAS, si pero el ICBF no, no tuvimos el acompañamiento de esta entidad.

Pregunta:¿Qué aspectos negativos y positivos resalta de todo el proceso?

Respuesta: Negativos que es mucha la demora de este proceso, para  llegar al final se necesita mucho tiempo. Otro aspecto negativo es que sí la víctima no cuenta con recursos para contratar un abogado dicho proceso nunca concluiria porque el defensor que nombra el Estado nunca esta presto para llevar a cabo bien su trabajo.

Y positivo es que gracias a la ayuda de la abogada se pudo dar condena al delincuente. Claro esta que sí las leyes y las penas fueran más fuertes la condena a este tipo de delitos serían mucho mejores y satisfactorias.

Pregunta: Sabe usted, ¿Qué es la asistencia jurídica y recibió por parte del Estado asistencia jurídica durante el proceso penal?

Respuesta: Para mi, la asistencia jurídica es el acompañamiento durante el proceso de un abogado nombrado por el Estado y no recibí esa asistencia jurídica  porque el abogado que nos dieron para el caso no mostró interés por el caso y debido a esto toco conseguir asistencia jurídica por nuestra cuenta.

Pregunta:¿Considera que se respetaron los derechos de su hijo durante todo el proceso?

Respuesta: No. porque hubo mucha demora en el proceso y además el niño fue sometido varias veces a entrevistas ya habiendo dado una declaración de los hechos inicialmente. A demás el tiempo de condena que recibió el sentenciado no fue el que se esperaba, debió haber sido más años de condena.

De lo anterior, podemos ver como el Estado aún se ocupa de manera deficiente de los derechos de las víctimas, especialmente de prestar una adecuada asistencia jurídica, aún cuando es su responsabilidad la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

FASASIC invita a todas las personas a que estudien sus derechos, se asesoren y exijan que se preste una adecuada asistencia jurídica a las víctimas.

LA ASISTENCIA JURÍDICA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES ES UN DEBER DEL ESTADO. 

Es un deber del Estado Colombiano en virtud del principio de corresponsabilidad establecido en el artículo 10 y 41 de la ley 1098 de 2006, código de la infancia y la adolescencia -CIA-, garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como su restablecimiento. 

Así mismo, los niños tienen derecho a que se les garantice el acceso a la justicia y al debido proceso, no importa si la actuación es judicial o administrativa, pudiendo ser escuchados y con la obligación de que sus opiniones sean tenidas en cuenta -artículo 26 del CIA-. 

Cuando los menores de 18 años son víctimas de delitos sexuales, tienen igualmente derecho a que se les brinde una información adecuada sobre todo el proceso que se surtirá, la cual debe estar acorde con su edad, no por intermedio de sus padres o sus funcionarios, es decir; que ellos directamente deben recibir la información, bajo la comprensión de que fueron sus derechos, no los de sus familiares, los que fueron vulnerados. 

Pero; ¿qué es la asistencia jurídica?, para definirla acudiremos a la Resolución A 67/458[1] aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los Principios y Directrices sobre el acceso a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal. Acorde con la citada resolución, la asistencia jurídica es esencial en un sistema de justicia penal justo, el cual:

comprende el asesoramiento jurídico y la asistencia y representación letrada prende el asesoramiento jurídico y la asistencia y representa­ ción letrada de las personas detenidas, arrestadas o presas, sospechosas o acusadas o inculpadas de un delito penal, y de las víctimas y los testigos en el proceso de justicia penal, prestados de forma gratuita a quienes carecen de medios suficientes o cuando el interés de la justicia así lo exige.

Además, la “asistencia jurídica” abarca los conceptos de capacitación jurídica, acceso a la información jurídica y otros servicios que se prestan a las personas mediante los mecanismos alternativos de solución de controversias y los procesos de justicia restaurativa.”  

De ahí que resulte adecuado afirmar que el los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos tienen derecho en concreto a la asistencia jurídica, siendo informados de la investigación y el procedimiento penal que se adelantará para la investigación del delito, en la actualidad las entidad que recibe la denuncia  y realiza la investigación es el CAIVAS -Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual -, lugar en el cual se le brinda a la víctima atención psicológica y jurídica  y se coordinan las acciones para que los niños reciban la demás atención que requieran.

En cuanto al restablecimiento de los derechos de los niños, la entidad encargada es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, quien debe tomar las medidas y acciones necesarias para que se disminuyan los efectos negativos del daño causado con el delito y garantizar la protección integral de la víctima.

Así mismo, la representación de las víctimas se hace a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública a cargo de la Defensoria del Pueblo, no en todos los casos se designa defensor de víctimas pues se parte de considerar que el Fiscal cumple también con esta función. Se designa cuando es solicitado expresamente por el Juez o por los familiares de la víctima.

[1] Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/13-86673_ebook-Spanish.pdf, consultada el 23 de Octubre de 2018.

Reglas que deben tener en cuenta los funcionarios judiciales y administrativos para cuando el niño, niña y adolecente, sea víctima de delitos en la legislación Colombiana. 

Entendiendo que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección constitucional, por cuanto; se considera que “Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad.” (Corte Constitucional, Sentencia T-260 de 2012, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto) 

Se crearon por la Ley 1098 de 2006, artículo 193, reglas especiales de procedimiento cuando son víctimas de delitos, por lo tanto los funcionarios judiciales deben tener en cuenta no solo los principios constitucionales, sino tambien deben:

  1. Dar prioridad a las diligencias, pruebas, actuaciones y decisiones que se han de tomar en estos casos.
  2. Citar a los padres, representantes legales o a las personas con quienes convivan, para que lo asistan en la reclamación de sus derechos.
  3. Informar a la Defensoría de Familia, para que tome las medidas de verificación de la garantía de derechos y de restablecimiento a que haya lugar.
  4. Prestar especial atención para que se sancione a los responsables, se de la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos.
  5. Ordenar de oficio o petición de las víctimas, sus padres y/o representantes legales,  Defensor de Familia o d Ministerio Público, la práctica de las medidas cautelares autorizadas por la ley para garantizar el pago de perjuicios y las indemnizaciones a que haya lugar.
  6. Evitar en los procesos que terminan por conciliación, desistimiento o indemnización integral, que no se vulneren sus derechos.
  7. Abstener la autoridad de aplicar el principio de oportunidad, menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
  8. Abstener la autoridad de imponer la condena de ejecución condicional, a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados.
  9. Escuchar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, así como garantízar que se les respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta ley.
  10. Velar porque porque sean revictimizados.
  11. Ordenar las autoridades competentes la toma de medidas especiales para garantizar la seguridad de las víctimas y/o testigos de delitos.
  12. Informar y orientar a las víctimas sobre la finalidad de las diligencias del proceso, el resultado de las investigaciones y la forma como pueden hacer valer sus derechos.
  13. Abstenerse de decretar la detención domiciliaria, en los casos en que el agresor sea miembro del grupo familiar.
  14. Realizar los testimonios en compañía de autoridad especializada o por un psicólogo.
  15. Evitar las de presiones o intimidaciones cuando la víctima este rindiendo declaración o testimonio.

Así mismo, en los casos en los cuales los niños son víctimas de  homicidio, lesiones personales, agresiones sexuales o secuestro, (Artículo 199, Ley 1098 de 2006), se siguen especialmente las siguientes reglas: 

  1. No se pueden aplicar medidas de aseguramiento no privativas de la libertad.
  2. No puede concederse la denominada detención domiciliaria.
  3. No procede la extinción de la acción penal en aplicación del principio de oportunidad.
  4. No procede suspensión condicional de ejecución de la pena.
  5. No procede la libertad condicional.
  6. No procede la sustitución de la ejecución de la pena.
  7. No esta permitida la aplicación de beneficios o subrogados judiciales/administrativos, salvo los de colaboración efectiva. 

Por lo tanto, en caso de que un funcionario judicial desconozca estas reglas podría estar incurrir en el delito de prevaricato, es decir: incumpliendo un mandato establecido en la ley. Para verificar su incumplimiento es necesario tener en cuenta la forma en que se aplican estas reglas,  teniendo en cuenta los derechos los acusados o declarados responsables penalmente,  es decir que; sí la no aplicación de los principios esta cimentada en un hecho diferente al respeto de los derechos  fundamentales del procesado, es inadmisible.

 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE COLOMBIA AÚN SE CONSIDERAN OBJETOS Y NO SUJETOS DE PROTECCIÓN. 

Las últimas noticias a cerca de la violencia contra los niños y niñas del país, nos devuelven hacia la concepción clásica que se tiene de ellos, es decir; se conciben como objetos de protección, propiedad de los adultos y sin capacidad para tomar las decisiones que consideren más adecuadas para ellos o en caso de que su capacidad aún no haya evolucionado  sin la protección necesaria para garantizar su desarrollo sano y armónico. 

Fasasic rechaza las agresiones hacia los niños y las niñas, la violencia contra ellos no se justifica, los padres son quienes deciden libremente traer una nueva vida al mundo, por consiguiente su obligación es de orientación, cuidado, acompañamiento, con responsabilidad y sin violencia física o psicológica. 

Así mismo, la sociedad esta llamada a ser solidaria en el respeto y promoción de los derechos de los niños y las niñas, dar aviso y denunciar por cualquier medio los delitos o las acciones que amenacen o vulneren sus derechos. 

En esta tarea, la familia y la sociedad están acompañadas por el Estado, que esta obligado a garantizar y asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas, diseñar y ejecutar políticas públicas con enfoque de infancia y adolescencia, investigar y sancionar los delitos cometidos, así como el restablecimiento de los derechos de estos sujetos de especial protección constitucional. 

Para cumplimiento de lo anterior, es importante generar conciencia en el deber que nos asiste a todos en la garantía de los derechos de los niños y las niñas en Colombia, trabajar en la comprensión de que la minoría de edad no implica incapacidad sino el desarrollo de la capacidad de forma progresiva y que para que esto último sea posible es responsabilidad de los adultos respetar sus derechos, así como contribuir para que el desarrollo de su capacidad no este mediado por intervenciones arbitrarias. 

De igual modo como adultos debemos recordar que todos pasamos por la etapa de la infancia y por lo mismo no podemos ser insensibles ante las constantes violaciones a los derechos humanos de los niños y las niñas. 

ESTRATEGIAS LEGALES PARA PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN COLOMBIA – LEY 1918 DE 2018 

El 12 de Julio de 2018 se publicó la ley 1918 por medio de la cual se crea un régimen especial de inhabilidades aplicable a todas las personas que hayan sido condenadas por un delito contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes. Así mismo crea una base de datos para estos efectos. 

Con esta ley se pretende evitar que una persona encontrada responsable penalmente por estos delitos pueda trabajar o desempeñar cargos en los cuales participen menores de 18 años, es decir; no puede trabajar en campos que tengan relación, dice la norma, directa y habitual, con ellos. 

La norma le impone tareas a dos instituciones, por un lado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF para que delimite cuales serán los cargos, oficios o profesiones que  se consideran tienen una relación directa o habitual con niños menores de edad y por el otro, al Ministerio de Defensa – Polícia Nacional para que administre la base de datos de las personas que hayan sido declaradas inhabilitadas por delitos sexuales contra menores de 18 años. Esta tarea debe ser realizada en un período máximo de 6 meses contados a partir de la vigencia de la ley.

¿Qué implicaciones tiene esta ley para todos los colombianos?

En primer lugar, la garantía de que quienes trabajen directamente con los niños, niñas y adolescentes en Colombia son personas idóneas y no representan ningún riesgo para ellos.

En segundo lugar, obliga a las instituciones, entidades, empresas públicas o privadas a que incorporen en sus procesos de selección la revisión de que el o la aspirante al cargo no haya sido previamente condenada por un delito sexual contra un menor de edad. Obligación que debe actualizarse cada 4 meses.

¿Qué deben hacer instituciones, entidades, empresas públicas o privadas que trabajan directa o habitualmente con niños, niñas y adolescentes?

  1. Informar que es obligatorio en todo proceso de selección la verificación de antecedentes de los candidatos.
  2. Solicitar a los candidatos a un cargo una autorización para consultar las bases de datos. De no hacerlo pueden ser sancionados por violación al régimen general de protección de datos personales.
  3. No utilizar esta autorización para otros fines. 

¿Quién debe informar o alimentar la base de datos?

Los despachos judiciales que hayan declarado en única o última instancia declarado responsable penalmente a una persona por este delito deben enviar la información a la Policía Nacional dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria. 

¿Qué pasa si las instituciones, entidades, empresas públicas o privadas omiten consultar esta información? 

La norma establece que si la omisión proviene de un servidor público será investigado disciplinariamente y de encontrarse responsable será sancionado por falta disciplinaria gravísima. 

Así mismo si una multa que puede imponer el ICBF, aplicable tanto al sector público o privado, que puede oscilar entre los cincuenta (50) a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta iniciativa contribuirá a la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero aún es insuficiente para la prevención del abuso sexual infantil en Colombia. Ya que es una estrategia que solo busca evitar la reincidencia de quienes ya han sido condenados, más no evitar que se cometa el delito.

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EL SIGUIENTE ENLACE:

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201918%20DEL%2012%20DE%20JULIO%20DE%202018.pdf

FUNDACIÓN APOYO A SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL INFANTIL EN COLOMBIA - FASASIC © TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

»Diseño Web: EGH Soluciones«

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