Por Juan Miguel Rufino Parra Cicery.
En Colombia, ha sido permanente y casi habitual conocer hechos de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, esto lleva a que nos preguntemos sí realmente; ¿La legislación colombiana protege a la infancia y adolescencia de manera efectiva?, así como si es necesario ¿Mejorar, modificar, derogar o crear nuevas leyes que logren la protección real de sus derechos?
Esta reflexión surge especialmente a partir del caso de Ismael Dario Lopera, el cual presuntamente abusó de por lo menos 28 niños y niñas de la Guardería Pequeños Exploradores B del barrio santa cruz, de la ciudad de Medellín, el cual aprovecho su que trabajaba allí para ejercer actos que transgredieron la libertad, integridad y formación sexual de los niños y las niñas. Esta situación, reveló la gran vulnerabilidad de las instituciones educativas, escenario donde se espera los menores de edad estén protegidos y no que se les vulneren sus derechos, se dejó en evidencia la falta de control y seguimiento del personal para el cuidado de los niños y permitió evidenciar la necesidad de no bajar la guardia en ningún escenario.
Lo anterior, aunado a que las cifras en Colombia nos demuestran que el abuso sexual a menores de edad es una situación muy crítica, según las cifras y los informes de la policía nacional, en lo que va de 2021 ya van más de 4000 casos de abusos sexuales en contra niños y niñas, y si se comparan estas cifras con años anteriores se puede observar que no se ha producido una disminución de este tipo de delitos en el país, lo cual demuestra que las leyes que se encuentran vigentes no han sido suficientemente efectivas para frenar esta problemática, pues la respuesta no es imponer penas más severas, sino desarrollar una política de protección y prevención.
Se espera que la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, condena que entro en vigencia con la aprobación de la Ley 2098 del 6 de julio de 2021, se logre una mayor protección, pero esta ley está enfocada en la disuasión a los ciudadanos para que no cometan el delito por la pena alta que se impone, más no en la prevención. Es una Ley que además de populista, no cumple con los fines esenciales de la pena, va en contra de los principios constitucionales y no aporta a la protección de la infancia colombiana, ya que está probado que las penas más severas no influyen en la disminución de la comisión del delito si atendemos a las otras leyes que han antecedido a la mencionada y que no tuvieron mayor incidencia.
Concordamos, con organizaciones como UNICEF Colombia, creemos que el país tiene grandes retos con respecto a la protección de los niños y las niñas, las instituciones donde estos se desarrollan deben ser fortalecidas, y la familia, la comunidad y los lugares que menores frecuenten deben convertirse en espacios seguros para ellos.
Consideramos que el Estado más que preocuparse por la condena debe garantizar y construir entornos protectores y libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes, en los cuales la prevención sea un elemento fundante, que en conjunto con la atención oportuna de las instituciones estatales ante cualquier inobservancia, amenaza o posible vulneración de derechos logre realmente evitar u perjuicio mayor y realmente garanticen los derechos y el interés superior de todos los menores de 18 años.